Década de Excesos: los desafíos fiscales del nuevo gobierno

La última década se caracterizó por los excesos que solo son posibles cuando se producen hechos extraordinarios como el incremento del precio del petróleo por sobre los $100/barril. El gobierno del Ec. Rafael Correa consideró que este incremento sería permanente y empezó una carrera de exuberante gasto público. Acorde con su filosofía socialista plasmada en la Constitución de 2008, aplicó la siguiente premisa: mientras más Estado, mejor.

No tardamos en ver los resultados. Al 2014, Ecuador alcanzó el segundo mayor gasto público de las Américas (44% del PIB), solo superado por Venezuela. Pero ese mismo año, se desplomó el precio del petróleo y los ingresos petroleros desaparecieron de las cuentas fiscales.

Desde entonces, las cosas han cambiado poco. Por tercer año consecutivo, el fisco no recibe ingresos petroleros, y los sustituye con endeudamiento interno y externo. En 2016, el gobierno requirió para gastos y amortizaciones un promedio mensual de $3.000 millones, pero los ingresos fueron de apenas $1.400 millones. Es decir, tiene un faltante mensual de $1.600 millones que deben ser cubiertos con endeudamiento.

A pesar de que la situación es insostenible, el Lcdo. Lenín Moreno insiste en la necesidad de no reducir el gasto público, e incluso plantea un fuerte incremento en el gasto social: triplicar el bono, construir 350 mil viviendas y 40 universidades… Académicos de la Universidad San Francisco de Quito estiman que, para cumplir sus promesas de campaña, el Lcdo. Moreno requerirá $9.000 millones. ¿De dónde saldrá la plata?

La realidad es que el gobierno tiene dificultades para financiar su gasto actual, no se diga para seguir incrementándolo. Para 2017, el gobierno asegura que el déficit volverá a ubicarse en alrededor de $7.700 millones.

Está claro que la prioridad del nuevo gobierno será mantener, en la medida de lo posible, el gasto público elevado. En conclusión, todas las miradas estarán en incrementar ingresos. Exploremos algunas opciones que probablemente considerarán.

La opción preferida seguirá siendo el endeudamiento externo. Con China se busca concretar un nuevo crédito por $1.000 millones para la reconstrucción por el terremoto de 2016, a pesar de que los impuestos solidarios fueron creados para ese efecto. El gobierno también podría retornar al mercado internacional de capitales si el riesgo país vuelve a descender.

Las opciones de financiamiento externo no son ilimitadas, lo que obligará al gobierno a insistir en el uso de financiamiento interno. La seguridad social ha sido la mayor proveedora de recursos. La deuda del gobierno con el IESS alcanza los $8.000 millones. Extraer más recursos de esta institución puede complicar su sostenibilidad. Sube el riesgo de que se incremente la aportación patronal.

La segunda opción de financiamiento interno son los préstamos al gobierno con recursos de la reserva internacional del Banco Central. Al 13 de abril, estos préstamos alcanzaron $5.800 millones. Como resultado, se redujo el saldo de la reserva internacional a $3.400 millones, valor insuficiente para cubrir el encaje bancario privado. La estrategia oficial ha sido la de continuar inmovilizando recursos de la banca en el Banco Central para luego pasarlos al Ministerio de Finanzas.

En noviembre de 2016, incrementó el encaje de 2% a 5% para los bancos más grandes, congelando en el Banco Central alrededor de $750 millones. Finalmente, se cambió la forma de cálculo del coeficiente de liquidez doméstica obligado a las instituciones financieras a repatriar alrededor de $500 millones. Ambas medidas terminaron en nuevas transferencias de recursos al Ministerio de Finanzas. Si el gobierno insiste en usar esta vía, terminará incrementando el riesgo del sistema financiero.

En junio, el Estado perderá dos fuentes importantes de ingresos: finalizan las contribuciones solidarias que le rindieron alrededor de $1.400 millones en un año, y se eliminarán las salvaguardias que le rendían $700 millones por año. La pérdida de estos ingresos sumada a la estrechez fiscal existente, llevarán al gobierno a impulsar una nueva reforma tributaria. Es probable que se busque transformar en permanentes algunos de los impuestos solidarios: IVA de 14% o impuesto al patrimonio. Pero nuevamente, ningún paquete tributario será suficiente como para solucionar los problemas fiscales.

Por este motivo, el gobierno insiste en utilizar medios de pago alternativos para financiar el gasto público. Hace pocas semanas emitió $200 millones en Títulos del Banco Central para pagar a los gobiernos seccionales. Ahora, toda la prioridad es la introducción del dinero electrónico presionando a los comercios a que lo acepten de sus clientes y que paguen con él sueldos y proveedores. Lamentablemente, el dinero electrónico no está respaldado con los recursos líquidos de la reserva internacional (éstos no alcanzan ni siquiera para cubrir el encaje bancario privado).

Sin límites legales suficientes, es posible que la difícil situación fiscal impulse al gobierno a emitir dinero electrónico sin respaldo adecuado. Algo equivalente a la impresión de billetes sin respaldo cuando teníamos el Sucre. El mercado podría inundarse de dinero electrónico provocando que pierda valor frente al dólar. Nos enfrentaríamos a dos niveles de precios diferentes, dependiendo de la moneda con la que se realice el pago. Si se paga con dinero electrónico, aplicaría un precio más alto que si se paga en dólares.

Debemos estar claros que no existe “almuerzo gratis”. Si nos hemos decidido por un Estado grande, lo tendremos que pagar. El endeudamiento solo permite comprar tiempo, pero terminaremos asumiéndolo los ciudadanos, el comercio y las actividades productivas a través de futuros impuestos. Es hora de abandonar esta demagógica política socialista que prioriza el pan para hoy, pero que no se interesa en el costo que tendremos que enfrentar mañana.